Luego de que el Gobierno de Panamá anunciara el cierre de pasos fronterizos en el Darién, región limítrofe entre Colombia y ese país centroamericano, la Defensoría del Pueblo, como responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos, exhorta al Gobierno Nacional a solicitarles a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante es tener presente los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional.
Cerrar al menos tres de los cruces inhóspitos en el también denominado Tapón del Darién aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano. Además, incrementará las necesidades de protección, dada la afectación a los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que perviven en esa zona limítrofe.
Por las situaciones indicadas anteriormente, la entidad nacional de los derechos humanos les recomienda a las autoridades del orden nacional y territorial impulsar medidas efectivas de respuesta, en el corto plazo, para hacerle frente a un escenario de tal naturaleza.
A las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las administraciones municipales de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, en el mismo sentido, las conmina a activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria con acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, género u orientación sexual, origen nacional o étnico, raza, religión, lengua o cualquier otra condición.
Trabajo de verificación de derechos en el territorio
Servidores públicos de la Defensoría, en función de su rol misional, estuvieron en la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá. Allí evidenciaron cómo la instalación de una cerca con alambre de púas, de aproximadamente 80 metros de longitud, impide el paso a pie por el camino que conduce a territorio rural del país centroamericano.
La cerca pone en riesgo la integridad física de los migrantes que a diario intentan cruzar, pues en una de sus partes, donde arrojaron trozos de madera para que el alambre baje, con la finalidad de seguir su camino, sus cuerpos están expuestos a sufrir laceraciones con las púas.
El cerco de alambres también ha generado afectaciones a las comunidades colombianas de Asti y Capurganá y a las de Puerto Obaldía (Panamá), pues desde hace décadas utilizan ese paso para el intercambio comercial y cultural.
Las cifras son desalentadoras
Entre enero y junio de este año habrían atravesado la selva del Darién poco más de 197.000 personas. Tan solo en el sexto mes del año, cerca de 27.500 migrantes cruzaron la peligrosa frontera selvática, más de 5600 de ellos resultaron ser menores de edad, según datos oficiales del país vecino.
Venezolanos, colombianos, ecuatorianos y chinos fueron quienes más se arriesgaron a cruzar el Tapón en el periodo señalado líneas arriba.
El llamado previo al anuncio hecho por Panamá
En junio pasado, el entonces Defensor del Pueblo de Colombia y Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación por la orden del Gobierno de Estados Unidos de restringir la entrada y el asilo de migrantes indocumentados a ese país norteamericano.
Dijo en ese momento que lo anunciado afectaría el derecho a la libre locomoción de un número considerable de personas en condición de movilidad humana, cuyo propósito no es otro que salvaguardar su vida e integridad y apelar a la oportunidad de tener un mejor futuro para ellas y sus núcleos familiares.
La Defensoría del Pueblo, yendo en la dirección del mismo llamado, considera primordial que la medida anunciada por Panamá —cuyo fin sería tener un mejor control del tránsito irregular masivo— cumpla los principios, por sobre todas las situaciones y anuncios hechos, de una migración segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana.
